En este país es difícil sobrevivir un día normal, pero es más difícil morirse dejando detrás una cantidad de diligencias y conflictos por resolver.
Si uno tuviera la posibilidad de conocer la fecha por adelantado en que uno va a “cerrar los ojos”, encontraría la forma de hacer las cosas diferentes. Por testimonios compartidos parece que el trabajo de décadas de padres y abuelos queda entrampado en discusiones, impuestos, burocracias y líos entre descendientes.
El dominicano, en general, no es muy organizado. Es muy posible que además de su familia, tenga otra con hijos que no se conocen entre sí. Es probable también que haya adquirido alguna tierra por ahí y que solo lo sepa un compadre. También es posible que haya sido un proceso de compra-venta que se selló con un apretón de manos, dejando para después los “papeles” y los temas legales.
El hombre no contaba con morirse, pero se murió. Pasado el estupor inicial y en medio del dolor, alguien se acuerda que el fallecido tenía algunas cuentas de banco, que debía la casa y el vehículo que estaba pagando a plazos, entre otras obligaciones.
La gente cree que el muerto con tierra tiene, pero no. Detrás queda muchísimo por hacer. Tanto que el proceso es tan agotador y en algunos casos, tan indignante que los deudos quisieran abandonar el asunto y dar todo por perdido. Es complejo, difícil y doloroso.
Lo primero es determinar legalmente los herederos, lo que no es una tarea fácil en un país donde algunos hombres tienen larga descendencia regada por el mundo, incluyendo “bendiciones” menores de edad con sus madres a las que nadie había visto antes, reclamando a gritos lo que les toca.
Después viene la odisea de los bancos: morirse es el más natural de los procesos y los bancos tienen todos los procesos contemplados, por eso resulta tan cuesta arriba entender lo difícil que resulta todo.
Para que la entidad financiera te reconozca como sucesor y devuelva el dinero de tu familiar, previamente debes llevar docenas de documentos, la mayoría en original, legalizados y notarizados, de manera tal que entregar un expediente completo en cada banco te sale por semanas o meses de diligencias y varios miles de pesos. Imagínese que sean 4 o 5 entidades y que cada una de ellas se tome entre 15 y 45 días para revisarlo y dar respuesta. Mientras ese tiempo pasa, se acumulan moras e intereses que debe asumir la familia.
Ahora, imagínese que usted no pudo completar los expedientes y que no tiene conocimiento de otros bancos o inversiones que tenía el fallecido. Resulta difícil de creer que en un país donde el sistema financiero está interconectado y donde todos los bancos saben si usted se quedó debiendo un pago de un celular hace diez años para otorgarle o no un préstamo, a nadie se le haya ocurrido la idea de facilitar este tipo de procesos.
Tengo una amiga muy querida que no ha podido sacar los ahorros de su padre de la AFP donde cotizó por muchos años porque parece que no ha podido demostrar “lo suficiente” el fallecimiento de su pariente. Mientras tanto, la madre de mi amiga, con Alzheimer, está necesitando esos ahorros para poder vivir con dignidad lo que le resta sobre la tierra.
Y si en los bancos el proceso es difícil, en la Jurisdicción Inmobiliaria es donde el conflicto explota: generalmente no hay sistema, y cuando hay, el tiempo de espera son varias horas cualquier mañana donde te atienden por orden de llegada, porque el contribuyente, que además está de luto, aparentemente tiene muchísimo tiempo para perder.
Decisiones contradictorias y temas de forma abundan para dilatar el proceso y desesperar a los descendientes que no pueden accionar sobre esas propiedades que van acumulando impuestos y deterioro. No las puedes vender ni traspasar, al menos legalmente. ¡Pero hasta para cancelar un servicio sobre un inmueble a nombre de un fallecido es un lío!
Y así la historia se repite en cualquier lugar donde usted tiene que hacer diligencias relacionadas, hasta que se le marchitan los papeles y uno roza la desesperación. Al dolor de la pérdida, se le añade el sentimiento de orfandad legal y moral que se asume porque el sistema fue especialmente creado para que pierdas el pleito, la paciencia y la vergüenza en el proceso.
Conozco familias que dos décadas después de su paciente fallecido están en el mismo punto, esperando el fallo del Tribunal sobre una tierra que ya fue ocupada y vandalizada, imposible de accionar sobre los invasores. El dinero que había, mucho o poco, se perdió entre la burocracia, los procesos y la inflación.
Estoy absolutamente convencida de que en este país está prohibido vivir y prohibido morirse. Las dos cosas salen demasiado caras, difíciles y complicadas. Y no valen la pena.