ADOCINE propone autorregulación para la industria

El Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana (Cipac) fijó en 75 millones de pesos el presupuesto para la filmación de películas de ficción que se acojan a la Ley No. 108-10 que incentiva la producción cinematográfica avalada en el artículo 34 de dicha legislación.

La decisión se produce en el contexto de posibles modificaciones a la legislación en el marco de la reforma fiscal que está preparando el gobierno del presidente Luis Abinader.

“El tope que se aprobó de 75 millones para una película de ficción es una propuesta que hizo Adocine para buscar la manera de contribuir un poco al gasto tributario”, comentó el cineasta Hans García.

Abundó que es el propio sector de la industria cinematográfica que debe autorregularse en lugar de esperar que desde el gobierno se tomen decisiones que puedan afectar al desarrollo de la industria cinematográfica.

“Antes de que se produzca una revisión de la ley en donde no se tomarían las mejores decisiones, nosotros consideramos que, en lo que corresponde a la revisión de los incentivos, lo hacemos nosotros”, proclamó Hans García.

El gremialista y cineasta recordó que el 9 de julio de este mes Adocine publicó un análisis sobre el impacto positivo de la industria cinematográfica en la República Dominicana, cuyos resultados fueron entregados al Cipac.

La disposición

De acuerdo a la resolución del Cipac emitida el 18 de julio de 2024 y que se encuentra disponible al público en la página web de la Dirección General de Cine, rubricada por su titular, Marianna Vargas Gurileva, también establece que el monto no deberá exceder los 80 millones de pesos.

El documento revela que se tomó la medida en respuesta a un incremento notable en las solicitudes de Certificados Provisionales de Nacionalidad Dominicana (CPND) presentadas ante la Dirección General de Cine (Dgcine), muchas de las cuales no han alcanzado el éxito esperado tanto a nivel local como internacional.

El contexto de esta medida se enmarca dentro de la Ley para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, promulgada originalmente en 2010 y posteriormente modificada por la Ley No. 257-10.

La reforma fiscal que será presentada estaría afectando a la legislación de fomento al cine, estableciendo  una regulación más estricta para asegurar que los incentivos fiscales se utilicen de manera eficiente y efectiva, evitando usos indebidos o excesos presupuestarios que podrían comprometer la sostenibilidad financiera de los proyectos cinematográficos.

Además de fijar topes presupuestarios, la resolución también establece la creación de una comisión dentro del Cipac, encargada de revisar y actualizar periódicamente la tabla de referencia que guía los presupuestos cinematográficos.

Esta comisión trabajará en conjunto con los miembros del Cipac para asegurar que las políticas cinematográficas nacionales sean adaptables y competitivas en un mercado global en constante evolución.

La propuesta de Adocine

En la investigación publicada por la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine) revela el impacto que ha tenido la legislación en la economía nacional, generando más de 25,000 empleos, de los cuales un destacado 55% son ocupados por mujeres, subrayando así un desarrollo inclusivo y equitativo en la economía cinematográfica dominicana.

Hans García, presidente de Adocine, destacó que este crecimiento no solo ha beneficiado a grandes estudios y productoras, sino también a micro y pequeñas empresas locales, que representan el 88% de los proveedores de servicios en esta industria.

“Este apoyo ha fortalecido la infraestructura empresarial del país, contribuyendo significativamente al crecimiento de una clase media más robusta y dinámica”, afirmó García.

Adicional destacó que la industria cinematográfica dominicana, además, ha impulsado el consumo interno, el emprendimiento y la creación de más de 375 nuevas empresas de servicios y productoras, generando empleos estables y sostenibles en el tiempo.

“Este análisis viene acompañado de una serie de propuestas de autorregulación que tiene como objetivo optimizar los recursos y garantizar una distribución equitativa de los beneficios fiscales, sin comprometer el desarrollo y crecimiento de la industria”, enfatizó el presidente de Adocine, Hans García.