La familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta confía en que «se haga justicia» en el juicio que comenzará el 9 de abril en Tailandia contra el joven español Daniel Sancho por el crimen ocurrido en agosto de 2023 en la isla de Phangan, según dijeron los abogados de la víctima.
Así lo manifestó el letrado Juan Gonzalo Ospina en una rueda de prensa este viernes a través de videoconferencia desde Tailandia, adonde viajó para hablar con los abogados tailandeses de la familia que intervendrán en el juicio y comprobar que todo está preparado para su celebración, prevista entre el 9 de abril y el 3 de mayo.
Sobre el caso
Arrieta y Sancho se conocieron en 2022 a través de Instagram gracias a su interés común por la gastronomía y, tras varios encuentros en diferentes lugares, viajaron por separado a Phangan, con la intención de reunirse en esta isla tailandesa.
El español llegó el 31 de julio y el cirujano colombiano el 2 de agosto, día en el que se cometió el crimen.
Como en Tailandia no existe la figura de la acusación particular, la representación de la familia Arrieta se adherirá a la petición que realice la Fiscalía tailandesa, que acusa a Sancho de asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena y de dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima, delitos que podrían incluso suponer pena de muerte o cadena perpetua.
La letrada Beatriz Uriarte, en el despacho de Madrid de Ospina Abogados donde se celebró la rueda de prensa, aclaró que «hace muchos años que en Tailandia no se ejecuta una pena de muerte«.
Explicó que «en el juicio se verán 53 evidencias para demostrar que fue un asesinato premeditado» y añadió que declararán más de treinta testigos, entre ellos los dos únicos propuestos por la representación de la familia de la víctima, los padres del doctor.
Los letrados señalaron que pedirán que los padres de Edwin Arrieta declaren por videoconferencia debido a su avanzada edad y al alto coste que supondría el desplazamiento.
Añadieron que reclamarán el pago de una indemnización que está pendiente de cuantificar, aunque Uriarte comentó que «no hay dinero que devuelva un hijo a unos padres» y que pedirán que se tenga en cuenta que los progenitores y otros familiares de la víctima vivían de sus ingresos y que han quedado en una «situación deplorable».
Según explicaron, en la vista declararán primero los policías encargados de la investigación y después testigos, como los operarios que encontraron parte de los restos mortales de Arrieta, la persona que vendió un cuchillo a Sancho y la que le alquiló un kayak, mientras que el acusado lo hará al final del juicio.
Sobre el cambio de estrategia de la defensa de Sancho, que niega ahora haber cometido el crimen y asegura que si lo confesó al principio es porque la Policía le tendió una trampa, asegurándole que le enviarían a España si lo reconocía, los letrados de la familia Arrieta afirmaron que está en su derecho, pero señalan que su confesión inicial es fundamental y que estuvo asistido por abogado e intérprete.
Por otra parte, Juan Gonzalo Ospina comentó que transmitió el agradecimiento de la familia a la Fiscalía de Tailandia por su trabajo y le trasladó «la confianza en su buen hacer», y también al Consulado de Colombia en Tailandia, por su atención «desde los horribles primeros días al conocerse primero la desaparición de Edwin Arrieta y luego al ser encontrados sus restos».
En videoconferencia desde Colombia, la abogada colombiana de la familia, Adriana Behaine, dijo que «los padres y resto de familiares de Edwin Arrieta aún lloran y llorarán» aunque están algo más tranquilos tras ser repatriadas sus cenizas.
«La familia confía en la justicia tailandesa y en que este asesinato no quede impune», recalcó.